Geopolítica de la
seguridad:
un libro muy necesario para temas incómodos
Miguel
Ángel Barrios, Norberto Emmerich
08/03/2017
Desde
que el hombre dio sus primeros pasos sobre la Tierra, buscó sentirse seguro.
Siendo el más indefenso de los
animales, su sobrevida dependía del abrigo, el calor y la comida que otros le
daban. Había nacido débil y se hacía más humano en el contacto con otros
animales humanos que lo protegían, lo alimentaban y lo vestían.
Las
tribus enfrentaban continuas amenazas de extinción, por catástrofes naturales o
por hambrunas. Pero la amenaza más destructiva provenía del primordial dilema
de seguridad, el ataque de otros que temían ser atacados. Aunque la guerra
anticipatoria es el más avanzado recurso de la posmodernidad, la guerra
preventiva es tan antigua como las estrellas. Todos atacaban previniendo
ataques, escaseaba la comida pero la seguridad ya estaba allí presente. Antes
que la seguridad de las personas, fue la seguridad de la comunidad primitiva.
Afuera todo era incierto, adentro todo pretendía ser seguro.
Varios
siglos después todos nos sentimos inseguros, afuera y sobre todo adentro: los Estados,
las sociedades y los individuos. Ya no es la guerra de todos contra todos, que
tanto preocupó a Hobbes, pero no es aún la convivencia pacífica de todos con
todos. Cuando el orden parece desmoronarse el caos es aún más difícil de
descifrar.
La idea
de Estados homogéneos, contenedores de una sociedad nacional constructora de
consensos e históricamente pura, está fracasando ante nuestros ojos. No todos
somos iguales ante la ley y la ley no es la misma para todos. Nuevamente el
problema es el Estado y el retorno de la eterna pregunta de la política ¿por
qué obedecemos?
Cuando
la ley del Estado pierde el carácter normalizador e invisible con que fuera
originalmente concebida busca recuperar autoridad acentuando su carácter
coactivo, penal y criminal. Maquiavelo explica el surgimiento del Estado como
la epopeya de un príncipe vencedor tras haber obtenido una victoria duradera al
fin de la guerra civil originaria, donde la distinción entre lo justo y lo
injusto era borrosa e interesada. El Estado entra ahora nuevamente en guerra,
como un actor criminal más. Sin ley, todo y nada es delito.
Max
Weber definió al Estado como “la comunidad humana que en un territorio
determinado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia”.
Afloran en la definición cuatro elementos constitutivos del Estado moderno:
monopólico, territorial, coactivo y estable. Pueden mencionarse otros aspectos,
como la comunidad humana o la legitimidad, de menor importancia para nuestro
análisis, porque la comunidad humana hace referencia a la nación y constituye
un ingrediente débil de la definición mientras la legitimidad no es un elemento
esencial del Estado, el cual puede existir sin ser legítimo, como los Estados
totalitarios o autoritarios.
El
concepto de monopólico se refiere al monopolio de la violencia, cuyo objetivo
es constituir un poder político único sobre un territorio determinado, sólo un
centro de poder hacia adentro, ningún otro poder desde afuera. Este monopolio
constructor de soberanía justifica la existencia de la seguridad interior y de
la defensa exterior.
Territorial
significa que este monopolio soberano de la violencia y del poder se ejerce en
un territorio determinado, concreto y específico, demarcado por fronteras que
separan el interior del exterior y tabican la sociedad nacional. Dentro de esa
frontera se establece un territorio social liso, que no admite diferencias (un
centro armado de poder, una moneda, una religión, un idioma, una historia
nacional, una educación). Al exterior de esa frontera se alzan los otros
Estados, siempre peligrosos, frente a los cuales la guerra es un recurso
frecuente y fundante.
La
mención del carácter coactivo del Estado indica que la violencia es el
mecanismo de constitución del territorio que permite la nivelación al interior
y la independencia al exterior, la victoria duradera tras una guerra civil
originaria. Esa victoria fue en un doble escenario: contra potencias
extranjeras primero y contra sublevaciones interiores después. Las
independencias latinoamericanas frente a los imperios europeos fueron sucedidas
por guerras civiles contra poderes interiores. El carácter coactivo obtenido
por el vencedor constituye al Estado y trae paz, mediante la distinción entre
lo justo y lo injusto, imposible de dilucidar en la etapa de guerra de todos
contra todos.
El
término estable se refiere al concepto originario de “stato”, el estatus
medieval que se vinculaba con el poder del monarca (status regis) o con la
situación del reino (status regni), consideraciones que luego pasan a
concebirse como una concentración de poder separada y objetivada
institucionalmente, lo que hoy conocemos como Estado.
La
geopolítica de la seguridad afirma que estos cuatro elementos constitutivos del
Estado también son característicos de las distintas formas de delito, desde el
más organizado hasta el más “común”.
Las
“plazas” de narcotráfico o de narcomenudeo no se comparten. A veces, como
sucede en el narcotráfico mexicano, se establecen acuerdos entre los grandes
carteles. Esos acuerdos suelen referirse a la asunción de compromisos de no
intromisión y reparto de zonas de influencia, una especie de política exterior
y delimitación de fronteras. En Argentina el acuerdo es con las fuerzas
policiales, para “gerenciar” la seguridad y estandarizar los indicadores,
manejando la “cifra negra” dentro de un equilibrio de consensos inestables con
la delincuencia y el gobierno. En el caso de los delitos “comunes” el
territorio está definido por el recorrido total del proceso criminal, desde el
arrebato callejero hasta la venta comercial, pasando por la protección policial
y el pago de cuotas-parte. La geopolítica de la seguridad no se detiene en el
hecho, rastrea el territorio. Es sabido que no hay crimen organizado sin
Estado; en realidad no hay ningún tipo de delito sin Estado.
El
control territorial es un requisito indispensable de toda conducta delictiva.
La venta de drogas se desarrolla con un estricto control territorial,
generalmente en acuerdo con las fuerzas policiales. En la producción de cocaína
en “cocinas” el control es aún más estricto, con altas dosis de violencia en
los ámbitos locales y barriales. Los delitos callejeros, el arrebato o el robo
de celulares y bicicletas también tienen un cierto control territorial, más
diluido en el territorio del hecho, más cerrado en el territorio institucional.
Si los circuitos de corrupción institucional son relativamente conocidos en el
crimen organizado, son apenas visibles en el delito común. Los delitos del
crimen organizado como el juego clandestino, la piratería del asfalto, la
prostitución, el robo de autos o el trabajo esclavo, tienen un control territorial
acentuado, pero de un carácter menos físico que el narcotráfico.
La
violencia, manifiesta o no, es un recurso siempre presente en todos los
mercados del narcotráfico vinculados con droga, aunque menos presente en los
mercados de narcotráfico vinculados con dinero o precursores químicos. Este
carácter coactivo es un elemento definitorio del narcotráfico porque sin ese
monopolio cuasi legítimo de la violencia en un territorio determinado puede
haber comercio de drogas, pero no hay narcotráfico. En los delitos comunes, en
cambio, la violencia es manifiesta, directa, física, interpersonal, pero
desorganizada.
Aunque
parezca lo contrario, el delito prefiere entornos estables y no violentos en
los cuales establece áreas de estandarización del crimen en acuerdo con las
fuerzas policiales buscando escenarios de menor violencia estatal y mejor
desempeño económico. Cuando la violencia estatal se descarga en forma de
“guerra”, la amenaza sobre la sobrevivencia de las organizaciones obliga a la
politización y complejidad, algo no deseado pero cuyo desafío es menester
superar para sobrevivir. Pequeñas organizaciones que apenas podían establecer
algunas elementales reglas de juego interno, se convierten en organizaciones
complejas capaces de acordar con el poder político y repartir áreas
territoriales de control monopólico.
Esta
estabilidad estatal del delito (mayor en el narcotráfico, menor en
organizaciones más débiles) se expresa en rangos generalmente amplios de
invisibilidad. Cuanto más se proclama la “evidencia” del narcotráfico como
tráfico de drogas y menos como controlador territorial, mejor se oculta, se
mimetiza con el ambiente, pasa inadvertido y extiende el horizonte de tiempo.
Estas
cuatro características compartidas entre Estado y delito dan cuenta del
acercamiento entre ambos procesos y actores, pero sobre todo definen al Estado
y el territorio como los procesos y actores centrales de las problemáticas de
seguridad: como actores centrales porque la violencia, el monopolio y la
estabilidad se refieren y se realizan sobre un territorio determinado, lo que
da carácter estatal a la problemática. Como procesos centrales porque ambos son
causa y resultado de las problemáticas de seguridad. El Estado produce
inseguridad mediante un proceso de etiquetamiento criminal históricamente
construido de los territorios, que reproducen y “nacionalizan” esa inseguridad,
haciéndola propia en culturas a-legales de resolución violenta de conflictos.
En respuesta, el Estado elabora políticas de seguridad que re-criminalizan los
territorios y producen reacciones de aumento organizado de las demandas
ciudadanas, sean de mano dura o contra el gatillo fácil.
La
mayor o menor medida en que las problemáticas de seguridad reproduzcan
dialécticamente las características de territorialidad (y en su interior las de
violencia, monopolio y estabilidad) se manifestará en indicadores sobre el
mayor o menor grado de estatalidad de cada problemática específica. Las
políticas públicas en geopolítica de la seguridad se dirigen al mejoramiento de
la estatalidad de dichos indicadores, buscando incidir sobre la reducción de la
estatalidad del delito mediante el aumento de la estatalidad del Estado.
La
visión de la geopolítica de la seguridad supera el enfoque insuficiente de la
criminología crítica y de la gestión técnica en seguridad. Si la problemática
de seguridad es política, por estar vinculada íntimamente a la evolución del
Estado y a los indicadores de estatalidad, la centralidad se aleja del binomio
delitos/delincuentes y se centra en el territorio.
Este
entendimiento novedoso y complejo de las problemáticas de seguridad, realizado
en coautoría por los doctores Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich, es la
preocupación del libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina”, que la
Editorial Biblos de Buenos Aires está próximo a publicar.
https://www.alainet.org/es/articulo/183983
Geopolítica de la
seguridad (II):
re-pensar la
seguridad desde el principio
Miguel
Ángel Barrios, Norberto Emmerich
15/03/2017
Las
problemáticas de seguridad saturan las primeras planas de los diarios y los
medios de comunicación: drogas, homicidios, ejecuciones, asaltos. La vida
cotidiana se ha vuelto más insegura a medida que aumentan las promesas, los
presupuestos y la dureza de las leyes. Desde hace más de 60 años todo ha
fracasado en seguridad y hasta un recital se convierte en un peligroso viaje a
lo desconocido.
Frente
a este complicado panorama que no aporta soluciones, loa autores de esta nota y
coautores del libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina”, que
próximamente la Editorial Biblos de Buenos Aires pondrá en venta en toda
América Latina, planteamos un re-pensar la seguridad desde el principio. A
nuevos escenarios, nuevas soluciones.
La
geopolítica de la seguridad no es “algo más” sobre seguridad, es la
redefinición completa de toda la problemática, donde ya nada es evidente y todo
debe ser re-pensado; se trata al mismo tiempo de una nueva disciplina académica
y de un nuevo paradigma sobre seguridad. La criminología y la política criminal
se basan tradicionalmente en el binomio delito/delincuente y en la omnipotencia
de ley, una estructura que ha demostrado con entusiasmo y vehemencia su
ineficacia para bajar los indicadores y mejorar la calidad de vida. Por otro
lado, la seguridad ciudadana es un paradigma interesante y muy de moda, pero
postula un ejercicio co-rresponsable de la seguridad para un desarrollo pleno
de los derechos ciudadanos mientras adorna de bellas palabras y corrección
política las rutinas operativas de instituciones corruptas desde su origen,
como la policía.
Siempre
se presentó como evidente que la ley regula el comportamiento de las sociedades
y castiga las conductas inadaptadas, regulación y castigo institucionalizados
en el Derecho, la legislación, la función pública, los cuerpos policiales y el
sistema de justicia penal, un complejo sistema rotulado genéricamente como
“seguridad”. Sin embargo, la geopolítica de la seguridad afirma que el más
importante actor de la seguridad todavía permanece oculto y sospechado: el
Estado, un actor que en su doble rol de garante de seguridad y ofensor criminal
ya no puede pretender la continuidad de una inocencia que nunca tuvo; es
necesario develar el carácter intrínsecamente criminal del Estado
contemporáneo.
Si
en el Estado nace el problema, allí hay que buscar la solución. La violencia
legítima fue siempre el elemento que definía al Estado en su intervención sobre
las problemáticas de seguridad, es claro que actualmente esa definición es
ilegal e inoperante. El elemento del Estado que define ahora las problemáticas
de seguridad es el territorio. Se trata de un territorio disputado, fragmentado
y criminalizado; un territorio constituyente y significante, pretendido por el
Estado y por otros actores no estatales, con pertenencias cada vez más pequeñas
y más fuertes, un territorio donde emergen las diferencias y se manifiestan las
identidades, donde la ley es construida localmente.
El
territorio y la territorialidad tienen una dimensión concreta y una dimensión
simbólica, referidas ambas a una relación entre un territorio y los sujetos que
lo habitan, con un fuerte carácter edificador de las personas y de las
comunidades humanas. En el estudio de las problemáticas de seguridad afirmamos que
el territorio ‘es’ el problema. Por eso hablamos de territorio y no de espacio,
para priorizar el anclaje físico concreto de la territorialidad, que impacta
sobre las personas pero no las constituye pasivamente, porque el territorio no
es el espacio subjetivado sino una construcción históricamente significativa e
intersubjetivamente definida. En el territorio suceden los hechos pero sobre
todo en el territorio se constituyen las personas y la comunidad humana que
vive en él. Dado que las sociedades no son homogéneas no hay inadaptaciones
sino emergentes singulares para los cuales la ley es un universal abstracto sin
rasgos imperativos locales. Estas territorialidades no distinguen clases
sociales ni ubicaciones geográficas; todos los supuestos ofensores se sienten
territorialmente inocentes frente a una ley que en nombre de representar a
“todos” invade los territorios de cada uno sin aceptar diferencias ni
disonancias. La defensa de la pluralidad y la diversidad también implica la
aceptación de la territorialidad de la seguridad, una característica que es más
ofensivamente criminalizada en los barrios periféricos, pobres y
re-territorializados de las grandes ciudades.
En
la búsqueda de nuevos enfoques teóricos derivados de una cuidadosa observación
del mundo real, no basados en falsas premisas nacidas de fantasías
bibliográficas, la pregunta realmente pertinente es a qué territorio nos
referimos cuando hablamos de las problemáticas concretas y actuales de
seguridad.
¿Dónde
está el territorio en la ciberseguridad, la corrupción empresarial, el
financiamiento de las campañas electorales, el fútbol y otras actividades? El
acoso sexual por Internet tiene un carácter territorial difuso, quizás
inexistente. Las probables implicancias criminales del desarrollo de la
robótica implican un esfuerzo importante de investigación para la resolución de
su matriz territorial. El financiamiento de las campañas electorales se refiere
a dinero, sin que el territorio tenga allí ninguna incumbencia aparente.
Hasta
ahora se ha considerado al territorio como una entidad física concreta con
alcances simbólicos y constituyentes. Esa concepción de territorio es útil para
una geopolítica de la seguridad que se centra en el estudio de las problemáticas
del delito de contacto físico, desde el delito común hasta el crimen
organizado, pero resulta insuficiente para el análisis de problemáticas más
complejas, ancladas en el desarrollo tecnológico y en los comportamientos
intersubjetivos reales, donde el ámbito físico concreto no es evidente y donde
la territorialidad depende de la construcción históricamente determinada de
universos compartidos que se van
haciendo día a día.
El
concepto de territorio ampliado refiere a una territorialidad “cargada sobre
los hombros”, que los delitos no territoriales van sembrando en su recorrido,
dejando “rastros” de territorialidad en los diferentes ámbitos y a través de
los distintos actores que participan del proceso criminal. Caso por caso es
menester elaborar el mapa territorial anclado en dos referencias: la eventual
participación del Estado en cada paso del circuito criminal y los indicadores
de estatalidad presentes en cada conducta criminal. Para la geopolítica de la
seguridad el territorio no es un dato dado, es un proceso que debe ser
reconstruido a partir de datos a veces inconexos y circunstanciales y también
en base a las percepciones de territorialidad que cargan en sí los actores de
cada etapa del proceso.
En
el caso de la corrupción empresarial de Odebrecht, el Estado está presente en
el núcleo del problema, por ser la empresa cabecera del complejo
militar-industrial de una potencia emergente, lo que implica una cosmovisión
centro-periferia y una lógica de relaciones internacionales. Sin esa visión
territorial ampliada el tema se diluye en pleitos leguleyos, en planteos sobre
corrupción y en la defensa del Estado de derecho (liberal), sin ahondar en la
centralidad política (estatal-territorial) del problema. La denuncia de
corrupción desprovista de una geopolítica de seguridad supone una concepción
angelical de la política y no una visión geopolítica con dimensionamiento
territorial ampliado.
El
financiamiento ilegal de las campañas electorales está cargado de prejuicios y
mojigatería, que en muchos casos considera corrupción a conductas legítimas y
califica de marketing exitoso a la aceptación de recursos ilegales provenientes
del narcotráfico y la trata de personas, siempre volcando todas las energías en
el escándalo mediático como mecanismo sancionador. Las leyes que controlan los
financiamientos de la política no se cumplen ni se controlan, por su carácter
asfixiante y antipolítico, una ética propia del Estado de derecho. Las
sociedades reclaman a la política algo que la política no puede otorgar, el
ejercicio de una conducta moralmente intachable para la gestión y solución de
problemas turbios, conflictivos y humanos. El territorio del financiamiento
político no está definido ni delineado, porque los actores necesitan una
eliminación previa del carácter prescriptivo de la legislación electoral.
Los
delitos cibernéticos, sea que perforen la seguridad bancaria, la seguridad
nacional o la intimidad personal, dependen de legislaciones nacionales,
políticas de comunicación, culturas de autoprotección y soberanía informática.
El espacio virtual es un área de ejercicio de soberanía como el espacio aéreo,
el terrestre, el subsuelo o el marítimo, una discusión que debe hacerse desde
la geopolítica, no desde el software y el equipamiento informático. Los
patrones de vigilancia global tienen base territorial nacional y deben
elaborarse programas de políticas públicas de seguridad, porque el espacio
virtual es tan real como cualquier otro tipo de espacio.
El
fútbol y sus condimentos criminales, tan intocables como mafiosos, es uno de
los elementos explicativos del narcotráfico en Rosario y de los problemas de
inseguridad en todas las grandes ciudades. El Estado está siempre presente en
el comercio de drogas de los barra-bravas, por la complicidad policial y las
alianzas políticas. La territorialidad del fútbol, con una presencia estatal
tan fuerte, es menos dificultosa de reconstruir.
La
robótica y la automatización son novedades apasionantes y arrolladoras que
prometen cambiar nuestros modos de vida en muy breve tiempo. Siendo un proceso
en construcción que se desarrolla frente a nuestros ojos, su territorialidad es
aún indefinida, en virtud de que la lógica de estabilidad que puede obtener es
incierta. Pero sí podemos afirmar que el desarrollo de la robótica y la
automatización profundizan la brecha tecnológica entre países y al interior de
las sociedades. Pobres y ricos tendrán un acceso diferenciado a la tecnología,
lo que podría implicar mecanismos abruptamente desigualitarios de acceso y ejercicio
del poder y también de calidad democrática. Sea como sea, el territorio y el
Estado estarán muy presentes. Que el aumento de la criminalidad sea un
resultado esperable de la brecha tecnológica es una conclusión evidente.
En
cada comportamiento y en cada proceso criminal la política pública en la
geopolítica de la seguridad manifiesta la misma intención: aumentar los
indicadores de estatalidad del Estado y disminuir los indicadores de
estatalidad del delito. De esta forma se eliminan los incentivos legitimadores
de la apropiación ilegal de la renta nacional y se estimulan los
comportamientos asociados a un Estado democrático y sustentador de una mejor
calidad de vida ciudadana.
Sabemos
que el concepto de territorio y territorialidad ampliada merece una
investigación y desarrollo mayor, aún pendiente de realizarse. Es el próximo
desafío de la geopolítica de la seguridad.
FUENTE
https://www.alainet.org/es/articulo/184133
Geopolítica de la
seguridad:
las disputas
geopolíticas del ciberespacio (III)
Miguel
Ángel Barrios, Norberto Emmerich
22/03/2017
La
geopolítica de la seguridad afirma que el territorio y la territorialidad son
los insumos principales de la seguridad y que la mejora de los indicadores de
estatalidad debe ser la preocupación central de toda política de seguridad. Si
el territorio es lo importante, el ciberespacio está en el nudo del análisis
estratégico de la seguridad.
La
emergencia del ciberespacio no debilita la idea de territorialidad como espacio
de ejercicio social de soberanía, a pesar de que la idea del "fin de la
geografía" haya seducido a muchos que a todo responden automáticamente con
la trasnacionalidad y la globalización. Lo cierto es que el Estado nacional
enfrenta enormes desafíos, uno de ellos en el plano del ciberespacio.
El
ciberespacio no es una entidad neutra, a-histórica y supraestatal que avanza
“sobre” los Estados. Muy por el contrario, forma parte constitutiva del Estado
y en él se asumen nuevas formas de organización del poder y se reproducen las
relaciones jerárquicas, asimétricas y nacionales que son propias del Estado.
Las dimensiones tradicionales de la geopolítica (tierra, aire, subsuelo, mar)
agregan el ciberespacio, obligando a una geopolítica que abarque la totalidad
del escenario, incluyendo no sólo la web sino todo el espacio de la red,
sobretodo la Internet profunda. El análisis geopolítico identifica intereses,
tensiones y conflictos de poder alojados en los territorios.
Estas
disputas se expresan en las llamadas zonas "físicas", las estructuras
de las redes y los sistemas de información protegida para evitar la filtración
de flujos, pero también en la concepción metafórica del ciberespacio como
territorio donde múltiples actores disputan poder, sobre todo los Estados. Allí
se plantean estrategias, se implementan recursos y se lanzan pretensiones
estatales de soberanía, generalmente ilegales. Adicionalmente los ejercicios
criminales desarrollan una territorialidad veloz, virtual y despersonalizada.
Si en las guerras se asesina con un joystick, en el crimen se alardea con la
tecnología. Este análisis de seguridad debe realizarse desde la geopolítica, no
desde la infraestructura y el software.
Ignacio
Ramonet dice que el nuevo sistema-mundo se caracteriza por una multiplicidad de
rupturas estratégicas, cuyo significado es difícil de elaborar. Internet es el
vector de los cambios y muchas crisis recientes se vinculan con las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), con la
desmaterialización, la digitalización generalizada y la explosión de las redes
sociales. La brecha entre la abundancia de información y la escasez de accesos
más la conjunción de diseminación de tecnología y abundancia de reclamos,
dinamiza la formación de nuevos agrupamientos sociales instantáneos (fiestas y
protestas) y reproduce la radicalización de los procesos de criminalización.
Internet
es un factor geopolítico, mucho más que una simple tecnología, como demostró el
rol de Wikileaks, Facebook, Twitter y demás redes sociales en la aceleración de
la conectividad y en la permeabilidad de la solidez soberana de los Estados.
Google, Apple, Microsoft, Amazon y Facebook se anudaron con el aparato del
Estado en Washington, puestas al servicio de la política exterior de Estados
Unidos y estableciendo jerarquías de centros y periferias geopolíticas en el ciberespacio,
cimentando la mayor capacidad de espionaje de masas jamás vista. Esta alianza
creó un "imperio de la vigilancia" que busca poner a Internet bajo
escucha y etiquetar la privacidad como problema de seguridad nacional.
Simultáneamente
las estructuras de poder se difuminan por el acceso universal a la red y la
utilización de nuevas herramientas digitales. Ramonet dice que "el
ciberespacio se ha convertido en una especie de quinto elemento. El filósofo
griego Empédocles sostenía que nuestro mundo estaba formado por una combinación
de cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Pero el surgimiento de
Internet, con su misterioso ‘interespacio’ superpuesto al nuestro, formado por
miles de millones de intercambios digitales de todo tipo, por su roaming, su
streaming y su clouding, ha engendrado un nuevo universo, en cierto modo
cuántico, que viene a completar la realidad de nuestro mundo contemporáneo como
si fuera un auténtico quinto elemento".
Cada
elemento geopolítico fue el escenario histórico de un campo de batalla y los
Estados desarrollaron ámbitos armados para cada uno de ellos (Ejército, Armada
y Aviación). El desafío actual de los Estados es incorporar un nuevo ejército:
el ciber ejército encargado de la ciberdefensa, con sus propias estructuras
orgánicas y sus propias armas: los superordenadores capaces de defender las
ciberfronteras y llevar a cabo la guerra digital en Internet.
Los
dilemas también se presentan en el campo de la seguridad ciudadana. Las agencias
de coacción de los Estados centrales avanzan sobre la libertad de los
ciudadanos, vulnera derechos y crea inseguridad.
Además
de ser una violación a la soberanía, fortaleciendo la incumbencia de la
geopolítica de la seguridad, el ciberespionaje viola el espacio íntimo de las
personas y criminaliza el derecho a la información. En ambos casos el espacio
virtual posee indicadores de estatalidad que pueden determinarse para el área
de la ciberdefensa. Lo mismo sucede en la cibercriminalidad. La invasión de la
privacidad, el abuso de información, el acoso a la intimidad personal o el robo
informático son generalmente estrategias organizacionales. No son asuntos de
índole informática o de resolución técnica, son problemáticas estratégicas,
territoriales, geopolíticas. Allí también hay indicadores de estatalidad que
deben determinarse y medirse.
Las
fuerzas de seguridad de otros países, conducidas por otros Estados, pueden
violar la soberanía territorial del ciberespacio, al combatir la pedofilia por
ejemplo. Aunque la tecnología puede vulnerar la seguridad, tiene dificultades
en construir una territorialidad alterna, con lo cual es relativamente fácil de
ser rebatida si se tiene conciencia sobre qué tipo de problemática se trata. La
habilidad de un país para llevar adelante su defensa y su seguridad, en
términos de combatir al crimen organizado en la red, dependerá en cierta medida
de su desarrollo tecnológico, su infraestructura, su tecnología, su industria y
su modelo de gestión de la tecnología. Pero sobre todo dependerá de su
capacidad de elaborar política soberana en términos de geopolítica de seguridad
que incluya al ciberespacio. Si el binomio delito/delincuente adquiere carácter
prioritario, se cede la soberanía del ciberespacio en favor de la resolución
criminalística del caso. Si en cambio se concibe al espacio virtual como
territorio y se entiende que la política soberana incluye las 5 dimensiones
territoriales, se evita el sobredimensionamiento del espacio virtual y se
ejerce soberanía territorial conjunta, dando importancia geoestratégica
unificada a todos los elementos. Es lo que llamamos en su conjunto
territorialidad.
Internet
facilita al crimen organizado el mejoramiento de sus indicadores
territorialistas y estatalistas, como afirmamos desde el punto de vista de la
geopolítica de la seguridad. Crímenes cibernéticos como el fraude bancario, la
piratería audiovisual o la distribución de imágenes de abuso sexual a menores
de edad, encuentran en la red un vector rápido aparentemente despersonalizado.
Internet también facilita el tráfico de drogas sintéticas, la trata de
personas, el comercio ilegal de armas, el fraude con tarjetas de crédito y
múltiples variantes del cibercrimen.
La
medición de los indicadores de estatalidad del ciberespionaje y del cibercrimen
permite desentrañar el carácter geopolítico de la problemática de seguridad que
se expresa en las disputas estratégicas propias del ciberespacio, donde los
ámbitos de seguridad nacional, de seguridad privada y de seguridad ciudadana se
solapan y conjugan.
Este
quinto plano geopolítico exige la reformulación de un pensamiento estratégico
sudamericano regional completo para la defensa de los intereses soberanos de
nuestros Estados y de nuestros ciudadanos.
FUENTE
https://www.alainet.org/es/articulo/184284
DE LOS AUTORES
Miguel
Ángel Barrios
Profesor
en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia
Política.
Ha
escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario
Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica" (Director), "Consejo
Suramericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas
continentales" y "Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo
continental". Profesor de
Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón y
creador de la Cátedra en Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador,
Buenos Aires. Dicta seminarios y cursos en Academias Policiales de América
Latina y es Consultor en Políticas Públicas de Seguridad. Coautor con Norberto Emmerich de
"Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la
Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.
Norberto
Emmerich
Doctor
en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales. Ha escrito "Una teoría política para el
narcotráfico", "Geopolítica del Narcotráfico en América Latina" y "Narcos en Buenos Aires:
el caso de la Villa 31". Profesor
de "Seguridad Ciudadana" y "Política Criminal" en la
Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, México. Fue Decano del
Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales,
Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones de la misma
Universidad. Coautor de
"Geopolítica de la Seguridad en América Latina" junto a Miguel Angel
Barrios, que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.
Pueden consultarse sus obras publicada
por Alainet.
FUENTE
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